El número total de vehículos afectados sería de un millón doscientos mil vehículos, que a pesar de cumplir con la normativa de emisiones de gases y estar al corriente del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid (un total de unos 32 millones de euros), debido a la normativa de bajas emisiones de Madrid, no podrían acceder ni circular por las vías públicas urbanas de todo el ámbito territorial de Madrid ZBE.

La petición considera que, "la verdadera dimensión económica y social de esta prohibición no fue prevista en su momento en el proceso de elaboración y aprobación de la Ordenanza de Movilidad y, por tanto, la normativa municipal no se ajusta al principio de proporcionalidad al que debe vincularse la actividad administrativa restrictiva de derechos."

El total de vehículos afectados superaría los 5.200 millones de euros, afectando a uno de cada tres madrileños y a dos de cada tres vehículos del parque móvil, por lo que los ciudadanos deberán asumir los costes sin ningún tipo de compensación o precio justo. Además, se dejarían de recaudar 32 millones de euros porque, a pesar de no haberse modificado la ordenanza fiscal correspondiente, los vehículos matriculados en la Dirección General de Tráfico que no pueden circular por Madrid no pueden tributar según el artículo 6 de la Ley de Haciendas Locales.