El líder del Gobierno escribió en la red social X que el Gobierno español "presentará una propuesta al Parlamento para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional."

Sánchez también prometió una revisión de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España para "evitar que se difunda información engañosa o científica sobre el aborto."

Este anuncio se produce después de que el mayor partido de la oposición, el Partido Popular (PP, derecha), aprobara esta semana una propuesta presentada en la asamblea municipal de Madrid por el partido de extrema derecha Vox relativa a la VGA. La propuesta aprobada estipula que, en Madrid, los profesionales sanitarios deben informar a las mujeres que soliciten abortar de un supuesto "síndrome post-aborto", que podría provocar consumo de drogas y alcohol, pensamientos suicidas y un "aumento de los cánceres del aparato reproductor femenino".

Este supuesto "síndrome post-aborto" no existe ni está validado por la ciencia, como reconoció posteriormente el alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien aseguró que los profesionales sanitarios no estarán obligados a mencionarlo a las mujeres que soliciten abortar.

El texto de Vox, aprobado por el PP, afirmaba que el supuesto "síndrome postaborto se oculta deliberadamente", especialmente en España, y que el aborto es "un gran negocio para la ideología que lo apoya y promueve: el feminismo." En medio de la polémica, e incluso antes de la retirada de Martínez-Almeida, la dirección nacional del PP, presidida por Alberto Núñez Feijóo, manifestó su apoyo a la alcaldesa y a la estructura madrileña del partido, argumentando que "la información nunca es un problema."

"El PP ha decidido fusionarse con la extrema derecha. Ellos lo saben mejor. Pueden hacerlo, pero no a costa de las libertades y derechos de las mujeres", escribió Sánchez en la X, justificando las dos propuestas que el Gobierno sacará adelante en el Parlamento.

El PP ya ha rechazado la posibilidad de apoyar la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, lo que imposibilita su aprobación por falta de mayoría en el Parlamento para modificar la ley fundamental del país.

El mayor partido de la oposición también acusó a Sánchez de aprovechar este asunto para crear una nueva "cortina de humo" con la que desviar la atención de los problemas del Gobierno y de las polémicas que envuelven al Ejecutivo y a la familia del presidente del Gobierno relacionadas con acusaciones de corrupción. Francia es actualmente el único país que reconoce explícitamente el derecho al aborto en su Constitución, tras una enmienda introducida el año pasado.

La ley del aborto vigente en España data de 2010 y establece el libre acceso al aborto a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación.

Por razones de salud, la mujer o el feto pueden solicitar el aborto hasta las 22 semanas. En casos de enfermedad o anomalía fetal de extrema gravedad, se puede abortar después de este plazo.