España no ha cumplido a tiempo con la legislación europea, por lo que la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a la directiva nacional, que es el primer paso de un procedimiento de infracción, y le ha dado un plazo de dos meses para subsanar la situación, según informa ABC.

Tras expirar el plazo para abonar las dos últimas semanas de baja, el Ministerio de Trabajo afirmó que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir la disposición, una cifra que va en aumento. No obstante, está por ver si el asunto llega al Tribunal Europeo, competente para dictar sanciones en caso de incumplimiento.

La directiva europea sobre conciliación entró en vigor en 2019 y establece una serie de requisitos mínimos destinados a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que sean padres o cuidadores. Uno de los requisitos es garantizar que cada trabajador tenga derecho individual a disfrutar de cuatro meses de permiso parental, válido como máximo hasta que el hijo cumpla ocho años.

Los Estados miembros deben garantizar que dos de los meses de permiso parental no puedan ser transferidos de un progenitor al otro y deben ser remunerados, aunque la directiva deja total libertad a los gobiernos para fijar el nivel de pago, con el plazo máximo para legislarlo antes de finales de agosto de 2022.

Por su parte, la disposición sobre el pago de las dos últimas semanas de permiso parental debía ser transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 2 de agosto de 2024.

Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha comunicado a la Comisión la transposición completa de esta disposición sobre el pago de las dos últimas semanas de permiso parental a su legislación nacional. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, indicó ayer que la retribución de estas semanas está incluida como iniciativa "urgente" dentro de los Presupuestos Generales, prorrogados por el momento.

Por su parte, CSIF recordó en un comunicado que ya denunció ante la Comisión Europea en 2023 la "falta de voluntad" del Gobierno para adoptar medidas de conciliación acordes con la directiva europea, y exigió que la prestación "se desarrolle de forma inmediata."