A principios de abril, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana hizo público un "informe de diagnóstico" sobre las inundaciones en el que revelaba que 337 municipios, con una superficie de 14.760 kilómetros cuadrados, se vieron afectados por las inundaciones y que 103 (5.646 kilómetros cuadrados) permanecen en "estado de emergencia", todos ellos en la provincia de Valencia, a las afueras de la capital de la región.

Según el documento, las inundaciones afectaron a más de 306.000 personas, de las que 117.000 recibieron atención médica en los días posteriores a la catástrofe y 37.000 fueron rescatadas por los equipos de los lugares inundados o aislados por las aguas. Hay 224 muertos confirmados oficialmente y tres desaparecidos en la Comunidad Valenciana.

Las autoridades hacen hincapié en el impacto de la catástrofe en colectivos como las personas mayores y los inmigrantes, destacando dos cifras: 100.000 de los 306.000 afectados eran ancianos y 60.000 inmigrantes.

Las inundaciones causaron daños en 11.242 viviendas por un valor total de 475 millones de euros. Casi 1.500 viviendas han sido declaradas "inhabitables" y 6.000 ascensores siguen "averiados", lo que impide a ancianos y otras personas con problemas de movilidad salir de sus casas seis meses después de las inundaciones.

La situación de los ascensores se destaca en el documento, ya que la reparación total (estimada en 160 millones de euros) podría tardar aún nueve meses, al faltar mano de obra cualificada para atender tantas solicitudes.

Otro aspecto destacado del documento son los 141.000 coches siniestrados, 120.000 de ellos con daños irreparables.

Se calcula que la catástrofe tendrá un impacto de entre 0,1 y 0,6 puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto español, según el mismo informe, que cita diversos estudios.