La mayoría de las 17 comunidades autónomas españolas -las 11 gobernadas por el derechista Partido Popular (PP)- rechazan la propuesta, argumentando que se trata de una concesión más al independentismo catalán, con el único objetivo de mantener a Sánchez en el poder y solucionar un problema a Cataluña, sin beneficiar realmente al resto de comunidades.