"Es importante abordar la realidad, y en el turismo, este tipo de alojamientos turísticos, que son actividades económicas que en ocasiones y determinados territorios y ciudades afectan a la efectividad del derecho de acceso a la vivienda", dijo, advirtiendo de que el mensaje también llega a localidades donde este fenómeno aún no se percibe como un problema.

Rodríguez señaló que lo que propone el Gobierno central es que las comunidades y entidades locales "ataquen y gobiernen esta realidad; lo que no se puede hacer es evitarla, no verla o no querer mirarla." "Hay que actuar contra ella", dijo y reveló que fue uno de los temas por los que preguntó a la alcaldesa de Betanzos, María Barral, durante su visita a este municipio.

Rodríguez consideró que no es una cuestión cuantitativa, de número, sino que la presencia de este tipo de viviendas conlleva un aumento de las rentas de alquiler "frente a la disminución de la oferta."

"Hay que ordenar esta realidad y cuando hay que prohibir, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, hay que prohibir y hay que regularlo como están haciendo las distintas comunidades autónomas", aseguró.