La medida beneficiará a 3,04 millones de empleados públicos, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Así, el incremento total para el pasado ejercicio será del 2,5%.

Este 0,5% estaba incluido en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno y los sindicatos en 2022, que establecía una subida fija del 3,5% para 2022, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, señala La Vanguardia. Además de estas subidas fijas, había incrementos variables de medio punto porcentual en función del IPC o de la economía, que se han cumplido pero no se han aplicado en este caso.

El incremento, que es consolidable, se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El incremento comenzará a abonarse en la nómina de julio, según CSIF, el sindicato mayoritario en el sector público. El Gobierno sostiene que "se materializará en una de las próximas nóminas".

La mejora se aplicará a los trabajadores de los servicios públicos de la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y otras instituciones públicas. Los sindicatos critican el retraso en la aplicación de la subida. CSIF ha criticado que la subida llegue tarde y sólo después de la continua presión de los trabajadores, tras "decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año" e incluso la presentación de una queja formal ante Presidencia.