El Tribunal Supremo ha formalizado hoy, en un auto del magistrado Ángel Hurtado, la remisión a juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos personales o sujetos a secreto judicial.

El juez también ha exigido al fiscal el pago de una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias (costas o multas) que pudieran imponérsele en esta causa.

La sentencia ya no puede ser recurrida y el Tribunal Supremo fijará ahora el inicio del juicio.

En España, los alegatos se realizan antes de que comience el juicio, y la Fiscalía pide entre cuatro y seis años de prisión para el fiscal, así como la inhabilitación para ejercer el cargo de jefe del Ministerio Público.

Se trata de la divulgación de correos electrónicos e información relacionada con una investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, socio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP, derecha).

La información fue publicada en los medios de comunicación y el juez consideró, en el auto conocido ahora, que existen indicios de que el fiscal general reveló "secretos que podía conocer" por el cargo que ocupa.

Durante la instrucción, los periodistas de varios medios que publicaron la información en cuestión negaron que la fuente fuera el fiscal general.

García Ortiz compareció el 29 de enero ante el Tribunal Supremo y negó haber revelado información sujeta a secreto judicial.

A lo largo de los ocho meses que duró la investigación, el fiscal se negó en todo momento a dimitir y no hizo comentarios sobre los correos electrónicos, pero asumió la responsabilidad de hacer público un comunicado de la Fiscalía en el que negaba las informaciones periodísticas y aclaraba que el empresario Álvaro González Amador había propuesto un trato al Estado y, por tanto, admitía haber cometido delitos.

Dos asociaciones de fiscales, entre ellas la que representa a la mayoría de los magistrados del Ministerio Público, pidieron a Álvaro García Ortiz que dimitiera, al considerar que "es la única forma de evitar un daño reputacional" a su carrera y a la institución.

Una tercera asociación consideró que estaba en juego la presunción de inocencia y expresó su apoyo a la actuación del fiscal general.

Álvaro García Ortiz aseguró que seguirá en el cargo porque está convencido de que "es la actuación menos gravosa y más prudente para la institución [la Fiscalía] a medio y largo plazo" y "con pleno respeto a la ley y al Estado de Derecho".

Tras subrayar que la apertura de una investigación al Fiscal General del Estado no tiene precedentes, García Ortiz pidió una "profunda reflexión" sobre lo que la motivó y "las circunstancias que la rodearon".

El fiscal recordó que la legislación española atribuye al Ministerio Público la función de informar sobre los asuntos relevantes de los que tenga conocimiento para garantizar el derecho de los ciudadanos a una información fidedigna, "más aún en un caso como éste, en el que rumores o falsedades comprometieron la imagen de la institución y de varios de sus miembros".

El caso ha provocado un intercambio de acusaciones entre el Gobierno y la oposición, con el PP pidiendo reiteradamente la dimisión del fiscal, que es nombrado por el Ejecutivo.

"La degradación institucional a la que Pedro Sánchez está sometiendo a nuestro país es insoportable. Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará al banquillo de los acusados", escribió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red social X.

El Gobierno, por su parte, reiteró su apoyo al fiscal: "Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado defendía la verdad y perseguía el delito, por lo que tenemos todo el respeto a esta decisión [del juez] y también toda la confianza en el fiscal general del Estado", dijo la portavoz del Ejecutivo, la consejera Pilar Alegría.