Desde 2014 se conceden permisos de residencia a los extranjeros que inviertan al menos 500.000 euros en una vivienda en España, excluidas las hipotecas. También se concedía a los extranjeros que realizaran una inversión inicial igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública española o de un millón de euros en acciones o participaciones en el capital de empresas de capital español con actividad empresarial real. También se podían conceder a los inversores de un millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión cerrados o fondos de capital riesgo establecidos en España.

El actual Gobierno socialista afirma que esta medida podría contribuir a aumentar la crisis del mercado inmobiliario en determinadas zonas de España. "La eliminación del visado inmobiliario de oro sirve para ofrecer oportunidades a quienes actualmente luchan por acceder a una vivienda en lugares concretos donde la presión de los precios y la falta de oferta suponen un reto. Este cambio es una buena noticia para todos", dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en declaraciones citadas por el diario español El País.

Según el diario, España ha concedido 22.430 visados oro hasta 2023, según los últimos datos disponibles del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.