"No puedes vivir como inquilino y no puedes convertirte en propietario", dijo a Lusa Luis Ripley, un psicólogo de 25 años que se unió a una de las manifestaciones más populares de Madrid.

Según los organizadores, 150.000 personas participaron en la protesta de Madrid, mientras que la Delegación del Gobierno (organismo que autoriza las manifestaciones y determina las medidas de seguridad) dijo que había 15.000 manifestantes.

Luis Ripley comparte una historia similar a la de los miles de personas que participaron en la protesta de Madrid: es andaluz, del sur de España, "donde no hay trabajo", por lo que se trasladó a la capital, donde gana un sueldo que sólo le permite alquilar una habitación en las afueras, cuyo precio ha pasado de 200 euros antes de la pandemia a 500 en la actualidad.

"Vivir solo en Madrid es imposible. No tienes sueldo para alquilar por tu cuenta y tampoco puedes comprarte una casa, entre otras cosas porque es imposible ahorrar para la entrada. Es un círculo vicioso", afirma, incapaz de responder a la pregunta de cómo prevé su futuro.

Luis Ripley atribuye el aumento del precio de la vivienda en los últimos años en Madrid a fenómenos como el turismo, con propietarios que prefieren el alojamiento local, o la compra de casas por parte de fondos inmobiliarios, sin ningún control ni intervención en el mercado por parte de gobiernos "de todos los colores".

La manifestación de Madrid partió de la glorieta de Atocha y terminó en Plaza de España, recorriendo las principales calles y avenidas de la ciudad con una pancarta en la que se leía "Acabemos con el negocio de la vivienda".

Las mismas asociaciones estuvieron detrás de las manifestaciones que movilizaron a cientos de miles de personas el pasado otoño en ciudades españolas donde el acceso a la vivienda se ve especialmente afectado por el turismo, como en el sur del país, Barcelona o los archipiélagos canario y balear.

En la manifestación de Madrid también se escucharon llamamientos a la ocupación de las "casas vacías de los bancos" y gritos de "un desahucio, otra ocupación".

Según un informe 2023 de la organización no gubernamental (ONG) Provivienda, 5,6 millones de familias en España (el 29,5%) "sufren exclusión residencial" y se estima que el 12,4% vive en riesgo de caer en la misma situación.

El Observatorio de la Vivienda Digna, dirigido por la escuela de negocios ESADE de Barcelona, recordaba en un reciente informe que el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda escribió en 2006 que la situación de España era la "más grave de Europa y una de las peores del mundo".